A casi cuatro años de que el gobierno federal clausuró la mina de piedra caliza de Calica o Sac-Tun, filial de la compañía estadunidense Vulcan Materials Company, en Quintana Roo, la naturaleza ha comenzado a recuperar poco a poco los terrenos que se explotaban —literal, con explosivos—, para extraer materiales de construcción.Un reciente sobrevuelo con dron realizado por MILENIO permitió observar que, en las mil 200 hectáreas explotadas por la empresa, que desde el aire se ven como un hueco en medio de la espesa selva maya, comienza a brotar vegetación en algunas superficies donde antes ya no existía porque habían sido desplantadas por la extracción continua de la piedra caliza, una roca blanca y porosa que le da el color claro característico a la península.Gobierno mexicano demandó a empresaLa mina, que ahora forma parte de un Área Natural Protegida (ANP), permanece cerrada desde mayo de 2022, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó la clausura del lugar con el argumento de que la empresa había ocasionado un ecocidio con la explotación del suelo.Incluso, el ex mandatario presentó una denuncia en contra de Vulcan Materials Company ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por los daños ambientales que la compañía ocasionó en México.Hasta ahora, no se ha podido conocer el dictamen final que el gobierno mexicano elaboró sobre los impactos ambientales que ocasionó la operación de la compañía estadunidense desde la década de los 90 en esos terrenos, ubicados entre los municipios de Solidaridad y Cozumel.El documento con esa información está “reservado” porque forma parte de los archivos del litigio de la empresa contra México, promovido ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó a MILENIO que:El “dictamen de impactos ambientales derivados del proyecto de extracción industrial de roca caliza a cargo de la empresa Calica (hoy SAC-TUN) en los municipios de Solidaridad (hoy Playa del Carmen) y Cozumel, Quintana Roo”, fue elaborado por esa comisión junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).Sin embargo, “por su contenido y naturaleza se encuentra reservado y forma parte del CIADI en el litigio internacional (arbitraje)”, precisó la CONANP.Litigio abiertoEl litigio de Vulcan contra el gobierno de México fue iniciado a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2018, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Estados Unidos.En él, la compañía reclamaba, inicialmente, supuestos incumplimientos de autoridades federales y locales, la clausura parcial de otro de sus predios y el supuesto cobro ilegal de tarifas en la concesión del puerto de Punta Venado, que estaba a cargo de la compañía.El pleito está vigente y se le han sumado los reclamos de la compañía en contra de las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cerró la mina y el puerto de Punta Venado, ubicado a unos metros frente a la mina, en las orillas del Mar Caribe, en el cual todavía hay actividad de la empresa Cemex, con la que Vulcan tenía un convenio.La actuación más reciente dentro del arbitraje se realizó el 31 de diciembre de 2024, cuando el tribunal admitió nueva evidencia proporcionada por el gobierno mexicano, de acuerdo con la información pública del sitio web del CIADI.Pese a que todavía no hay una resolución a nivel internacional, en octubre de 2025, Semarnat anunció y celebró que un tribunal federal en México dio la razón al gobierno y confirmó que Calica explotó para su beneficio mil 200 hectáreas.Esto significa el doble de lo que tenía permitidas, y que su personal ahora podrá ingresar a los predios únicamente para remediar, compensar y restaurar la zona explotada bajo supervisión de la autoridad ambiental.Aunque MILENIO requirió en varias ocasiones a Semarnat los datos de la sentencia del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, para conocer más detalles de la resolución judicial, la dependencia se negó a entregarlos.Impactos por la minaUnos días antes de que López Obrador dejara su cargo, en septiembre de 2024, su gobierno creó una nueva Área Natural Protegida (ANP), con la categoría de área de protección de flora y fauna, denominada Felipe Carrillo Puerto, que abarca 53 mil 227 hectáreas de los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, dentro de las que incluyó los predios de la mina, a pesar de que son propiedad de Vulcan y continúan dentro del arbitraje ante el tribunal del Banco Mundial.La nueva ANP alberga mil 63 especies nativas: siete procariontes, 31 protoctistas, 437 plantas vasculares, 170 invertebrados y 418 vertebrados, muchos de ellos en peligro de extinción, que equivalen al 15 por ciento de las especies registradas en Quintana Roo, así como nueve tipos de vegetación.La declaratoria de ANP estableció la prohibición expresa, entre 15 actividades más, de extraer material pétreo o materiales para construcción.Aunque el dictamen de los impactos ambientales es inaccesible por ahora, existe otro documento que da idea de los impactos que Calica ocasionó en el ecosistema de Quintana Roo.Se trata del Estudio previo justificativo para el establecimiento del Área Natural Protegida, que elaboró la CONANP antes de la declaratoria de la ANP.En ese documento, la Comisión cuantificó la superficie afectada por el “aprovechamiento de material pétreo” en 9.47 kilómetros cuadrados, es decir, 947 hectáreas, de las cuales, 422 hectáreas corresponden a los cuerpos de agua que se formaron en los predios cuando las excavaciones alcanzaron el manto freático; sin embargo, al anunciar la sentencia judicial que presumió en 2025, la Semarnat mencionó que el área afectada fueron mil 200 hectáreas.El estudio de la CONANP identificó la existencia de un sistema complejo de cenotes y ríos subterráneos, conectados hidrológicamente a través de conductos y un sistema de cavernas, que fueron afectados con la pérdida en sus niveles de agua a causa de la mina de extracción de material pétreo.“Existen elementos que indican una interrupción del flujo regional subterráneo hacia la zona costera, como resultado de las grandes retenciones de agua al interior de la mina de extracción de material pétreo, verificada por la caída del nivel freático del acuífero en cenotes costeros”, dice el documento.Además de las afectaciones al agua subterránea del ecosistema, la CONANP identificó pérdida de vegetación y por consiguiente, de fertilidad; desplazamiento de la fauna de la región, como monos aulladores, monos araña y jaguares, por las vibraciones en suelo y aire a causa de las explosiones mediante las que extraían el material, y contaminación del aire por las partículas generadas por las explosiones y la extracción de la piedra, entre otras consecuencias.El estudio afirma que “con la propuesta de ANP, en esta porción del polígono Felipe Carrillo Puerto, se pueden impulsar labores de restauración para una recuperación parcial de las condiciones del suelo que, eventualmente, puedan permitir algún nivel de recuperación de algunas funciones y servicios ambientales en la zona”.MD



